El Salvador se ha comprometido a ir disminuyendo de forma gradual su deuda pública respecto al PIB, con la meta de que para 2045 la misma no podrá superar el 70% del PIB, según establece la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal.

La normativa fue aprobada por la Asamblea con 59 votos. Uno de los objetivos de dicha ley es contribuir a la estabilidad macroeconómica del Estado salvadoreño, además de considerar la política fiscal como una herramienta indispensable para el crecimiento económico. En ese sentido, el decreto establece que el país debe procurar garantizar la estabilidad fiscal y una estructura de finanzas públicas sostenibles que implique un razonable ejercicio del gasto público, el fortalecimiento progresivo de los ingresos públicos y una trayectoria de la deuda pública con pensiones sostenibles en el largo plazo.

Respecto a la reducción gradual de la deuda pública, incluyendo pensiones, se estableció que para 2030 no se podrá comprometer más del 80% del PIB, mientras que para 2035 no podrá ser mayor al 75% del PIB; y para 2045 el techo deberá ser el 70% del PIB.