El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que el personal técnico del organismo multilateral llegó a un acuerdo a nivel técnico con el Gobierno salvadoreño sobre un nuevo programa de financiamiento para el país por $1,400 millones, lo cual formaría parte de una programa global superior a los $3,500 millones, donde participará también el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
El proyecto se ejecutaría en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), el cual tendría una duración de 40 meses y estaría destinado a atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del Gobierno. Sin embargo, el organismo hace énfasis en que este está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo.
Los elementos clave del proyecto serían política fiscal, gobernanza, transparencia y resiliencia y activos digitales. El primero se basa en la mejora del balance primario en 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y reducción de la deuda pública al 85% del PIB este año.
El FMI apunta que las medidas fiscales, ya incluidas en el presupuesto 2025, se sumarían a este objetivo. Este año la Asamblea Legislativa aprobó el primer presupuesto completamente financiado en décadas, con un monto que asciende a $9,663 millones, el cual se alimentará en u mayoría con los $7,677.7 millones previstos en recaudación de impuestos.
En el segundo elemento, se incluyen reformas centradas en el establecimiento de un marco sólido de lucha contra la corrupción y en la mejora de los mecanismos de lucha Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo, y esfuerzos para reducir burocracia y modernización de infraestructura.
También se reforzaría la liquidez de los bancos para apoyar al crecimiento continuado del crédito al sector privado, y se busca que el financiamiento del FMI fortalezca las reservas brutas del banco central, reforzando así su capacidad para hacer frente a las crisis.
Por último, en activos digitales se mencionan reformas legales que harían que la aceptación de bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria, entre otras políticas que limitarían la participación del sector público en actividades relacionadas con la moneda digital.
Asimismo, el organismo resalta la importancia de la baja en el déficit por cuenta corriente y en los índices de inflación, así como el éxito de las operaciones de pasivos como las recompras y el crecimiento constante en la recaudación fiscal. El BCR informó que el país registró una tasa inflacionaria de -0.31% al cierre de noviembre, lo que significa 2.4 puntos porcentuales menos que el mismo periodo de 2023. Por otro lado, las arcas de El Salvador cerraron noviembre con $7,056 millones en ingresos corrientes y contribuciones, lo que representa un crecimiento interanual de 7.4%.
Fuente: Diario El Salvador
