El gobierno ha colocado al país en el ojo de los más grandes capitales a escala global tras aprobar escalonadamente una serie de cuerpos legales para modernizar el sistema financiero y garantizar a los inversionistas un entorno transparente, confiable y ágil.
Entre estas destaca la Ley de Bancos de Inversión que está enfocada en entidades que presten servicios como gestión de activos, asesoría financiera, estructuración de operaciones corporativas (fusiones, adquisiciones), financiamiento estructurado y análisis de mercado.
El Banco Central de Reserva (BCR) será el encargado de regular a dichas entidades, mientras que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) supervisará el funcionamiento, las autorizaciones y el cumplimiento normativo. Esta normativa atenderá a los inversionistas sofisticados, catalogados como personas naturales o jurídicas con alto conocimiento, capacidad financiera y experiencia en el manejo de inversiones complejas, con un patrimonio igual o mayor a $250,000 en activos líquidos (bitcoines, bonos del tesoro, bonos del tesoro tokenizados, oro tokenizado, etc.)
A esta iniciativa, que prevé convertir al país en un host financiero especializado con reputación internacional, confianza institucional y competitividad, se suman incentivos fiscales para nuevas inversiones tras la aprobación del decreto Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor, que exonera de todo tipo de impuestos a las nuevas inversiones o patrimonios de $2,000 millones o más que se trasladen a El Salvador, ya sea de extranjeros o de salvadoreños que residan en el exterior desde hace un año.
También se aprobó el decreto Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador, para fijar en un 10% el impuesto sobre la renta que gravará los salarios de los técnicos de nuevas inversiones en El Salvador que ganen hasta $100,000 mensuales.
Fuente: Diario El Salvador